Guaidó Vs Maduro: La batalla por el poder Ejecutivo bajo la Constitución

El órgano parlamentario legítimo de Venezuela, comenzó un proceso de transición gubernamental que ha desencadenado una querella política entre la oposición venezolana y el régimen de Nicolás Maduro que, frente al objetivo de apoderarse de la legitimidad presidencial, se ha blandido una lucha jurídica por la defensa del poderío.

Redacción Venezuela al Día

Las tres líneas que definen el plan de acción de la oposición son: Cese de la usurpación, Gobierno de transición y elecciones libres. Sin embargo el punto número dos es la piedra angular de los objetivos perseguidos por el abrupto cambio que implica.

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Desde el punto de vista jurídico, un Gobierno de transición, bajo las condiciones que a dispuesto la Asamblea Nacional (AN) se basa en un régimen intermedio, entre el orden del Gobierno madurista y el nuevo orden que rescate el estado de derecho abajo los basamentos constitucionales.

En este sentido, los acciones no han materializado resultados en el tiempo que la pobalción venezolana esperaría pues  el Gobierno de facto -chavismo- está apoyado por un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que se subordina al orden político “revolucionario“, por consiguiente solo interpreta la ley en base a mantener el poder de Maduro.

Acciones del ilegítimo

El 8 de febrero, la Sala Constitucional del Supremo declaró la nulidad del Estatuto de Ley para abrir legalmente un camino de transición gubernamental según la AN, por considerar que es contrario al texto constitucional, según su interpretación de la Ley.

Los lineamientos con los que justifica el TSJ su decisión constan de la supuesta “violación del principio de separación de poderes y del modelo presidencial de Estado y de gobierno consagrado en nuestro texto fundamental”. Recordando el desconocimiento del poderío de Maduro el pasado 10 de enero.

Juan Guaidó | Foto: Ecupunto

Asimismo, pretende “desconocer al Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, y continuar en su iter criminis de asumir totalmente las atribuciones constitucionales”, por lo que, para el Estado madurista, es una completa violación de constitucional que deja sin validez al estatuto de ley de transición.

Contraparte opositora

Para la Cámara parlamentaria, el rechazo del régimen, según sus justificaciones jurídicas, son carentes de legalidad, en vista que la base de sustentación del Estatuto es “el pleno restablecimiento del orden constitucional, el rescate de la soberanía popular a través de elecciones libres y la reversión de la emergencia humanitaria compleja, con el propósito de rescatar el sistema de libertades, garantías constitucionales y los derechos humanos”, según detalla el artículo 3 de la Carta Magna.

Carta Magna | Foto: Ecureloj

Por consiguiente, para que el instrumento garantice el cumplimiento de los tres objetivos mencionados,  han contemplados en un marco jurídico de vigencia temporal fundado en la supremacía constitucional, según el artículo siete.Además,  las acciones de la oposición se apalancan en el principio de la vigencia y respeto del texto constitucional que estipula el artículo 333.

Las líneas de acción

La ilegitimidad de Maduro se declaró el 20 de mayo de 2018, según lo estipulado en el artículo 8, con las fraudulentas elecciones carentes de las bases constitucionales.

En tal sentido, determina expresamente la “usurpación de autoridad” y la falta de cualidad constitucional por parte Maduro, por lo que el primer paso consta de cesar la ilegalidad con la usurpa el régimen el poder del Ejecutivo.

Presidente Encargado de Venezuela | Foto: Cmide

De esta forma, una vez logrado el primer paso, comenzaría el lapso de los 30 días conforme con el artículo 233 de la Constitución y, por ende, proceder a la conformación de un Gobierno provisional de unidad”, ya mencionado.

Finalmente, el presidente de la AN “ejercerá durante treinta (30) días continuos como Presidente encargado de la República a efectos de conducir el proceso que conlleve a la conformación de un Gobierno provisional de unidad nacional”, reza el artículo 25 del Estatuto.