Entérate cómo funcionarios corruptos de PDVSA manipularon los precios del crudo de exportación

En esta tercera entrega presentamos una serie averiguaciones a cargo de Silvestre Molero Torres, quien a lo largo de un extenso informe detalla, entre otros asuntos, un conjunto de irregularidades e ilícitos que tuvieron lugar en el seno de la principal industria venezolana y que derivaron en la pérdida de miles de millones de dólares del patrimonio nacional.

Por Maibort Petit/Venezuela al Día

El informe correspondiente al año 2017 presentado por el comisario principal de PDVSA, Silvestre Molero Torres, da cuenta de una serie de irregularidades cometidas en el seno de Petróleos de Venezuela S.A. con gran afectación del patrimonio de la estatal.

En esta tercera y última entrega damos cuenta de los casos de investigación adelantados por la Oficina de Apoyo al Comisario en conjunto con otros organismos de la misma industria, así como con instituciones jurisdiccionales, los cuales versan sobre manipulación de los factores con que se calculan los precios de los crudos de exportación, el absoluto descontrol en el manejo de la oficina de PDVSA Gas en Colombia con manejo discrecional de los recursos asignados a este despacho, otorgamiento de contratos irregulares, pago de comisiones y lavado de dinero, vinculación de la estatal y sus filiales con la cuestionada empresa brasileña Odebrecht y una trama que permitió la conversión irregular de deuda contraída en bolívares a dólares.

Entre las observaciones y recomendaciones formuladas por el funcionario, destaca la de realizar una auditoría a los procesos de procura con China. Con el objetivo de establecer y conocer en detalle el trabajo desarrollado por el equipo de PDVSA que desde hace varios años se encuentra en Pekín en labores de “catalogar las más importantes empresas fabricantes y comercializadoras de suministros de la República de China”. Para Molero Torres es importante evaluar si dichos trabajos satisfacen lo establecido en las normas y procedimientos empleados en la selección de proveedores, así como determinar la composición accionaria de esas empresas proveedoras al país de mercancía de origen chino.

Caso de la oficina de PDSA en Viena

El comisario principal de PDVSA, Silvestre Molero Torres, hace referencia en su informe 2017 al caso referido al desfalco a la industria a través de una trama consistente en la manipulación del llamado Factor K y de los escaladores AGA por parte de los encargados de la Oficina de Inteligencia de Mercadeo y Política Petrolera de Viena de la estatal. La acción trajo como consecuencia importantes reducciones en los precios de los cargamentos de crudo desde el año 2009 al 2017.

Molero Torres informó a través del memorando COM-2018-0022, de fecha 17 de abril de 2018, que en la fórmula de los precios de los crudos pivotes de exportación, a saber, el Santa Bárbara, Boscán, Mesa 30 y Merey 16, se aplican dos elementos, uno, el ajuste por gravedad °API y contenido de Azufre del crudo denominado Escalador “AGA”, y dos, el Factor “K”. Este último tiene que ver con la situación actual en el mercado petrolero mundial que incluye las variaciones dadas en las condiciones sociopolíticas y coyunturales prevalecientes en el puerto de destino de los cargamentos.

Hace mención que al cierre del informe, ya el Ministerio Público daba cuenta de que la exdirectora de la citada oficina se había declarado culpable, habiéndose dictado una sentencia para que pagara cinco años y ocho meses de cárcel por su participación en la alteración en las bases para la determinación de precios del crudo comercializado y exportado al exterior.

Se trataba de una trama de corrupción compleja consistente en la manipulación de los referidos componentes que se utilizan para calcular el precio de los crudos venezolanos ocasionando grandes pérdidas a la nación.

Se explica en el informe que la empresa JBC Energy y la oficina de Viena “subvaloraron el Factor ‘K’ del crudo mediano y pesado venezolano” por lo que se perdió competitividad en el mercado y los clientes perdieron interés en comprar. La Oficina nunca actuó legalmente contra dicha empresa, y por el contrario, continuó contratando sus servicios. Ante esta situación el Ministerio Público propuso llevar a cabo una auditoría del período 2009-2015.

Molero Torres advierte la necesidad de profundizar en establecer las pérdidas adicionalmente a las auditorías realizadas, subrayando que con la data disponible para ese momento era un elemento de referencia “para la estimación de la provisión por pérdidas que requiere el ajuste a los resultados financieros de PDVSA de años anteriores y la porción de cuanto aplique a los resultados del año 2017”. Llamó a determinar la existencia de soportes documentales sobre contratos concretos beneficiados con fórmulas de precios en los cuales se hubiera manipulado el Factor K, y el Escalador “AGA”, en términos desventajosos para PDVSA y de “existir papeles de trabajo internos que señalen la existencia de la subestimación referida, o potenciales casos de sobreestimación de ambos conceptos, igualmente producidos con intencionalidad dolosa; es posible entonces estimar con cierto fundamento la propuesta de ajuste de la materialidad financiera resultante del impacto causado por el hecho investigado, como complemento del impacto material revelado en los papeles de trabajo y expedientes que reposan en el Ministerio Público y que han determinado un alcance de pérdidas por un monto de MMUS$ 4.800”.

Se indica que el riesgo de subvaloración de los precios de venta de crudos de exportación por las circunstancias descritas, calculados por una empresa desde el extranjero exponía “la indispensable confiabilidad, confidencialidad y soberanía que debe ser ejercida sobre la información relacionada con precios de los crudos venezolanos. Esta situación de riesgos, referida a la utilización del Factor “K” fue reportada en el informe de Auditoría interna, con referencia N° CNI-INT-P-2010-023, emitido en diciembre de 2010. Igualmente, fue reportado por la Gerencia Funcional de Auditoría que atiende las Ventas de Exportación y otros Negocios Internacionales, ante la Dirección Ejecutiva de Auditoría Interna Corporativa en agosto de 2015”.

Precisa el informe que en enero de 2018 la Oficina Para la Determinación de Precios de Crudos de Exportación (ODPCE), adscrita al Ministerio del Poder Popular de Petróleo, en Caracas, asumió la tarea de determinar el precio de crudos de exportación y sin la injerencia de la empresa JBC Energy ni de la Oficina de PDVSA en Viena.

El Comisario Principal de PDVSA alertó acerca de la importancia de una adecuada coordinación con el Ministerio Público que coadyuvaría a determinar si existen casos específicos de la modalidad utilizada para forzar elementos matemáticos que mermaran el verdadero valor del Factor “K” y del Escalador “AGA” también permitiría conocer si están identificadas transacciones con contratos específicos que eventualmente han beneficiado a terceros.

Silvestre Molero Torres indicó que al cierre de 2017, con base a diversa documentación, trabajó para establecer las posibles afectaciones contables por manipulaciones en el cálculo de los conceptos en referencia.

A través del memorando COM-2018-0022 fechado el 17 de abril de 2018, recomendó coordinar desde el Comité de Auditoría de PDVSA, con el auxilio de la nueva administración de la Oficina Para la Determinación del Precio de Crudos de Exportación y la Vicepresidencia de Comercio y Suministro, la labor de levantar todo el marco teórico para “analizar y establecer las bases de la formulación del precio del crudo producido en territorio nacional, medir riesgos en la elaboración de estos precios y asimismo evaluar la salvaguarda de soberanía en tal formulación. Asimismo, determinar bases metodológicas que permitan estimar las pérdidas y los registros contables, contra los resultados del ejercicio 2017”.

Instó a conformar equipos de trabajo con especialistas en la formulación de precios, a los fines de realizar una auditoría forense que permitiera examinar la razonabilidad de precios calculados, con base en todos los elementos que participan en su formulación, con énfasis especial en la incidencia del Escalador “AGA” y del Factor “K”.

Asimismo, pidió llevar a cabo una reunión de alto nivel, incluyendo al Ministerio Público que facilitara la gestión de la data e información necesaria para estimar y conciliar las pérdidas generadas por efecto de los casos de sobre o sub estimación del Factor “K”, y del Escalador “AGA”.

Soberanía y control interno en la determinación de precios del crudo

El Comisario Principal de PDVSA solicitó a la nueva administración de la Oficina Para la Determinación de Precios de Crudos de Exportación que indicara las acciones de control interno adoptadas para asegurar el ejercicio pleno de soberanía en el proceso de fijación de precios del crudo exportado de modo de asegurar la idoneidad e integridad en las variables ajustables en las que existen riesgo de manipulación como son el Escalador “AGA” y el Factor “K”.

En tal sentido, la referida oficina emitió un informe complementario a las reuniones previas mantenidas con el despacho del comisario Molero Torres en las manifestó que desde enero de 2018 “Venezuela ejerce su soberanía” en el proceso de fijación de precios del crudo de exportación. Agregó que ahora el cálculo del precio del petróleo se hacía desde Caracas.

El informe del comisario hace una larga explicación acerca de los procesos llevados a cabo por la nueva administración de la ODPCE.

Silvestre Molero Torres concluye que las manipulaciones denunciadas y subsiguientes investigaciones conducidas durante el año 2017 llevaron a decidir el cierre de la Oficina de PDVSA en Viena, Austria, la cual había estado dirigida por el exdirector de PDVSA, Bernard Mommer y su grupo familiar. También se prescindió de los servicios de la empresa consultora JBC Energy que le prestaba apoyo a dicha dependencia.

Informó el comisario que las investigaciones sobre este caso manejado por el Ministerio Público continúan y precisó que existen personas identificadas con plena responsabilidad sobre estos hechos y han sido imputadas con los cargos pertinentes.

Caso de PDVSA Gas en Colombia

Otro caso referido en el informe del comisario Molero Torres es el que corresponde a una investigación desarrollada en 2016 por su despacho en coordinación con Dirección Ejecutiva de Seguridad Integral con relación a PDVSA Gas sucursal Colombia, donde recomendaba hacer un seguimiento a las mejoras de control interno con su casa matriz PDVSA Gas S.A.

Indica el reporte que la exgerente general de la Sucursal PDVSA Gas Colombia cometió innumerables irregularidades durante su gestión, entre ellas las que enumeró la identificación de una cuenta personal del tipo Swift a su nombre en el Helm Bank en Panamá, donde recibió cobranzas por USD 112,9 millones provenientes de un transitorio convenio de suministro de combustibles de PDVSA con Ecopetrol, en Colombia, el cual estuvo vigente entre los años 2011 y 2013.

Subraya el comisario que en la contabilidad ni en la administración de la sucursal, como tampoco en los controles de la Tesorería Corporativa de PDVSA, había registros sobre estos ingresos.

También se identificaron contratos que fueron pagados, sin que existieran evidencias tangibles de que se hubieran prestado efectivamente los servicios que ellos conllevaban.

Da cuenta del arrendamiento de vehículos facturado sin evidencias efectivas del servicio recibido, con el agravante de la presencia del conflicto de interés con el Gerente de Asuntos Públicos de la Sucursal, PDVSA Gas Colombia, funcionario contratado a través de la figura de honorarios profesionales era el propietario de la arrendadora de vehículos fantasmas, y devenido en poderoso contratista de la organización, al punto de que convirtió en onerosos contratos, el objeto de su trabajo en la sucursal.

Entre otras irregularidades se evidenciaron donaciones no autorizadas por montos significativos, extralimitaciones en el uso de una tarjeta de crédito corporativa auto aprobada, destrucción de los registros y archivos de cuentas personales financiados por PDVSA, viajes a Rio de Janeiro, Nueva York y Viena para actividades ajenas a las operaciones del gasoducto, autoliquidación de prestaciones sociales pagada en divisas que normativamente no procedía, lujosas propiedades en ambos países.

Asimismo, la funcionaria figura entre los ciudadanos venezolanos con fondos depositados en la Banca Privada de Andorra y su nombre aparece entre las personas investigadas por la Comisión Rogatoria enviada a Venezuela el 22 de mayo de 2015, a instancias de una investigación del Departamento del Tesoro de los EE. UU., sobre esa institución bancaria y el lavado de dinero.

El Comisario Principal de PDVSA en junio de 2016 consignó el Informe con referencia COM-0059-2016 en el que reporta sobre los resultados de su investigación sobre la citada funcionaria y en el memorando COM-2018-0022, de fecha 17 de abril de 2018 recomendó profundizar las investigaciones sobre la Sucursal PDVSA Gas Colombia que asegure la supervisión directa de parte de las autoridades de la filial PDVSA Gas, S.A. sobre dicha sucursal, “entendiendo que las delegaciones de autoridad no pueden ser absolutas; que se debe presentar debidas cuentas de la gestión cumplida ante las autoridades de la Casa Matriz; al tiempo de requerirse la actuación regulatoria de la alta dirección de la función Gas sobre las transacciones principales de ese negocio, y asimismo se necesita la presencia de las autoridades funcionales de PDVSA, relacionadas con los procesos Tesoreros, Contabilidad, Recursos Humanos, Asuntos Públicos y Seguridad Integral, así como del apoyo técnico, en lo que se refiere a la administración de la operación del Gasoducto Transcaribeño Antonio Ricaurte”.

Molero Torres subraya que las exportaciones de PDVSA a Colombia deben hacerse apegadas a las normas de control interno estipuladas por la corporación para manejar sus negocios. Por tanto, “las eventuales facturaciones por ventas de combustibles, lubricantes o cualesquiera productos al citado país, debe efectuarse a través de las filiales Commerchamp, S.A y Commercit, S.A., encargadas de estos procesos; asimismo, tales facturaciones deben ser cobradas a través de las cuentas bancarias recaudadoras de divisas por ventas al exterior, bajo el riguroso control de la Tesorería Corporativa de PDVSA. Esta recomendación es válida para todas las exportaciones de PDVSA”.

Caso Cuferca

Otro caso investigado por el despacho de Silvestre Molero Torres  fue el relacionado con la empresa Cuferca, propiedad de Carlos Esteban Urbano Fermín, también bajo la lupa de la fiscalía que derivó en le detención del susodicho por el fiscal 6° de control de Barcelona, estado Anzoátegui, acusado de los delitos de asociación para delinquir, legitimación de capitales y concierto de funcionario con contratista. Esto en razón de la suscripción de contratos irregulares y con sobreprecios, entre ellos la transformación de deudas contraídas en bolívares a dólares americanos, pero a la antigua tasa de Cadivi de 10 Bs. por dólar lo que le permitió que “con menos bolívares se obtuvieron más dólares”. Han trascendido, deficiencias tales como disposición de equipos viejos, en mal estado, alta inoperatividad que generaron prácticamente la paralización de las contrataciones de servicios y que por ende afectaron la producción de la Faja, al menos durante un lapso importante.

El caso Cuferca está a cargo de la Fiscalía 11 Nacional con Competencia Contra la Corrupción, Bancos, Seguros y Mercado de Capitales, con el expediente identificado con el número MP-384806-2017, y cursa en el Tribunal 52 de Control Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana-Distrito Capital con el número de expediente 52C-18.150-17. El imputado es Carlos Esteban Urbano Freites, Cédula de Identidad N° V-12.980.368.

Molero Torres refiere en el informe que en fecha 31 de enero de 2018 remitió ante la Directora Ejecutiva de Tesorería Corporativa de PDVSA, el Punto de Cuenta, con referencia COM-2018-007, solicitando información aclaratoria que explicara y fundamentara una operación contratada en bolívares, y posteriormente, convertido su pago a dólares americanos, evento que constituye la causa por la cual la firma Rodríguez Velázquez & Asociados-KPMG, ha mantenido la decisión de “Abstención de Opinión” sobre los estados financieros de la referida filial. La firma auditora argumentó que a la fecha no habían recibido la documentación de soporte suficiente y competente, del pago realizado por PDVSA Petróleo, S.A., con cargo a la filial ya referida, por un monto de USD 28.776.255,44, a favor de la empresa Constructora Urbano Fermín, C.A (CUFERCA), cuando en el contrato respectivo, se contemplaba el pago únicamente en bolívares, sin que antes ni posteriormente al pago, se hayan consignados soportes que sustenten tal desembolso en divisas.

Luego de detallar la serie de operaciones llevadas a cabo por Cuferca, el comisario refiere que mediante el memorando COM-2018-0022, de fecha 17 de abril de 2018 recomendó que las posiciones gerenciales se promueva personal que además de su preparación técnica y dominio de pericias requeridas en la operación específica a su cargo, exhiban probada excelencia ética, fortalezas morales y compromisos patrióticos.

Instó a que se definan criterios rectores en materia de contratación, que obliguen a actuar en el marco de la Ley de Contratación, la regularización del concurso de oferta y la selección de aquella más ventajosas a los intereses de PDVSA y sus filiales.

Llamó a establecer protocolos exigentes para admitir las contrataciones a través de las adjudicaciones directas, siempre en el marco de la ley advirtiendo que las excepciones, deben ser tutoradas por la alta gerencia, bajo criterios rectores e instrucciones precisas, racionales y uniformes.

Pidió delimitar y cuantificar las pérdidas y considerar el resarcimiento al patrimonio de PDVSA y solicitó registrar contra los resultados financieros del ejercicio 2017, las pérdidas establecidas en el caso Cuferca.

Caso Banco Espíritu Santo en Portugal

El Banco Espíritu Santo que anunció su quiebra en julio de 2014, manejaba una parte importante de las cuentas de cobranzas por ventas de crudos de PDVSA a mercados distintos a los Estados Unidos de América. Tal circunstancia lo convirtió en un banco pagador de relevancia, especialmente por operaciones de compras de insumos y suministros petroleros.

Se conoció en julio de 2017 sobre eventuales casos de triangulaciones entre PDVSA, bancos españoles y el Espíritu Santo Bank y las autoridades de PDVSA, lo que motivó una investigación, “con el objetivo de determinar la existencia de fraude contra la Corporación, así como por la posibilidad de hacerse parte querellante para lograr el resarcimiento económico que corresponde por los daños sufridos”.

“Entre los asuntos relevantes del Espíritu Santo Bank en relación con la República Bolivariana de Venezuela, ha trascendido una operación, por 365 millones de dólares en bonos perpetuos en el referido banco, con cuya quiebra, tales bonos tendrían deteriorado su valor; también ha referido la información sobre inversiones en notas estructuradas. Con la quiebra e intervención del Espíritu Santo Bank, parte de estas inversiones, derivaron en el Novo Bank, entidad que no había asumido las previas garantías del pago de los 365 millones de dólares en bonos; algunos voceros indican pérdidas imputables a PDVSA y otros aclaran que las eventuales pérdidas corresponderían a instituciones tales como Bandes y Fonden; en todo caso las autoridades de PDVSA y del país, deben continuar con las investigaciones de las diversas implicaciones que han tenido las operaciones de PDVSA y de la República, con operaciones realizadas a través de la referida institución bancaria”, refiere el informe del comisario principal de PDVSA.

Silvestre Molero Torres instó a que el Comité de Auditoría de PDVSA en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Seguridad Integral, la Dirección Ejecutiva de Auditoría Interna Corporativa y la Consultoría jurídica coordine que analice la relación de PDVSA con las operaciones manejadas por el Espíritu Santo Bank para determinar el alcance de eventuales pérdidas para estatal.

“En caso de identificar eventuales pérdidas que afectan a la Corporación, proceder a establecer las bases que la fundamentan, a los fines de cuantificarlas y registrarlas contra los resultados financieros del negocio”, recomienda el comisario.

Caso Odebrecht

Hace mención el comisario Silvestre Molero en su informe que la Corte Nacional de Justicia de Ecuador solicitó ante la Policía Internacional (Interpol) la localización de un ciudadano venezolano que se habría lucrado con los sobornos de Odebrecht. Se trata de quien se desempeñó como gerente técnico de la Refinería del Pacífico y luego como director de PDVSA Ecuador, S.A. quien es acusado de recibir sobornos y comisiones entregadas por el departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht a ciertos funcionarios a cambio de la adjudicación de contratos en dicha Refinería del Pacífico. Esto habría ocurrido entre los años 2012 y 2013.

Precisa que PDVSA contrató los servicios de una firma especializada en auditoría forense para supervisar el progreso del caso en los tribunales ecuatorianos y para que practicara una auditoría e investigación interna sobre las irregularidades mencionadas.

Molero Torres insta a determinar impacto económico del caso investigado sobre PDVSA, e identificar a otras personas involucradas. Iniciar acciones legales para procurar resarcir los posibles daños causados a PDVSA, incluyendo la solicitud ante los tribunales ecuatorianos para que PDVSA se presente en la condición de víctima en el proceso penal, lo que además permitirá presentar argumentos de descargo para limitar o eliminar cualquier investigación o responsabilidad de PDVSA.

El comisario indica que el Comité de Auditoría de PDVSA deber hacer seguimiento sobre los resultados de las investigaciones en Ecuador encomendada a la firma de auditoría forense para establecer el alcance de las irregularidades.

También debe preparar un informe sobre los resultados de las auditorías practicadas por el caso de sobornos y cobro de comisiones al ejecutivo venezolano por parte de la empresa Odebrecht.

Caso de la BPA

El informe del comisario principal de PDVSA se remite al caso de la Banca Privada de Andorra y el Banco de Madrid en el que están involucrados altos cuadros gerenciales del sector eléctrico y de los hidrocarburos en Venezuela.

Explica que caso se refiere a que la BPA fue utilizada por varios grupos económicos de Venezuela para recibir pagos de contrataciones con empresas estatales venezolanas incluida PDVSA y sus filiales, así como para pagar comisiones a exfuncionarios de dichas empresas que mantenían cuentas en la BPA o que eran propietarios de empresas instrumentales que recibieron pagos vía la BPA.

Por las cuentas en el BPA habrían pasado dineros provenientes de varios fraudes y operaciones de dudosa procedencia entre ellos el protagonizado por Roberto Rincón y Abraham Shiera relacionado con la procura de Bariven, operaciones de préstamos a cambio de divisas suscritas por PDVSA, los contratos otorgados a diversas empresas chinas contratistas de PDVSA y de exfuncionarios gubernamentales.

Entre los señalados están Roberto Rincón, Nervis Villalobos, Javier Alvarado, Rafael Reiter, Diego Salazar, Omar Farías Luces. “Los depósitos efectuados en la BPA a nombre de los citados ejecutivos, entre otros, correspondían a importantes comisiones recibidas de quienes recibían contratos de PDVSA y otras empresas estatales venezolanas”.

Silvestre Molero Torres refiere la importancia de auditar “todas las contrataciones de la Corporación y sus filiales con las empresas y protagonistas implicados en operaciones con la BPA, así como con empresas propiedad de las personas físicas implicadas en operaciones con la BPA. Igualmente, interponer acciones legales en el extranjero contra las personas físicas y empresas que se beneficiaron de operaciones fraudulentas en perjuicio de PDVSA y sus filiales, incluyendo la ampliación de la querella en curso en España al cierre del año 2017, para designar como acusados a las personas que recibieron pagos a través de la BPA y que mantienen bienes en España o que participaron en la trama criminal del empresario Roberto Rincón y el fraude con sobreprecios en los procesos de suministro de materiales a PDVSA”.

El Comisario Principal de PDVSA a través del memorando COM-2018-0022, de fecha 17 de abril de 2018 recomendó redoblar las coordinaciones entre el Comité de Auditoría y la Consultoría Jurídica Corporativa de PDVSA para darle mayor eficiencia a las reclamaciones y al reconocimiento como víctima tanto de PDVSA como de la nación, con miras a lograr el resarcimiento del daño patrimonial.

Molero advierte que deben confirmarse y registrarse las pérdidas por causa de alguna operación con afectación patrimonial y cuyos valores monetarios, han sido depositados en la Banca Privada de Andorra.

Igualmente pide realizar una auditoría a los procesos de procura con China para revisar el trabajo a cargo del equipo de PDVSA, que desde hace varios años, ha tenido sede en Pekín en labores de “catalogar las más importantes empresas fabricantes y comercializadoras de suministros de la República de China; igualmente la evaluación debe satisfacerse de la razonabilidad de los procedimientos, empleados en la selección de proveedores, y averiguar asimismo la composición accionaria de esas empresas proveedoras al país, de mercancía de origen Chino”.

Caso sobre la conversión en dólares las deudas en bolívares

Finalmente, entre otros casos, Silvestre Molero Torres hace mención al caso que involucra altos niveles gubernamentales y corporativos referido a transacciones manejadas por altos ejecutivos de PDVSA y de la empresa privada, quienes conspiraron para forzar el pago de deudas originalmente contraídas en bolívares en dólares.

El comisario precisa que usando la figura técnica de divisas preferenciales un grupo de jóvenes empresarios obtuvo USD 1.200 millones otorgados por el Estado o por PDVSA. “Otras situaciones igualmente corruptas producen actos legales que convierten en divisas, deudas contraídas en bolívares. Uno de estos casos tiene que ver con la empresa Cuferca cuya negociación pactada en bolívares y fue pagada en dólares.

“Se debe colocar de relieve el caso emblemático que ha sido reseñado, en cuya trama, aparecen las empresas Eaton Global (Eaton Global Services, Ltd.), y a la empresa Rantor Capital, C.A., siendo, esta última, una empresa de maletín, usada para la operación de financiamiento a PDVSA por el orden de 7.200 millones de bolívares, operación ocurrida el 17 de diciembre de 2014; posteriormente, la empresa Rantor C.A., efectuó una cesión de crédito a la empresa Eaton Global; el resultado de los acuerdos y acción perversa del poder de decisión interno corporativo, determinó, que aquellos bolívares transados en préstamos, se convirtieron en una deuda pagada en dólares. Ambas empresas son propiedad de un conocido empresario venezolano. La cesión de crédito se produjo con fecha 23 de diciembre de 2014 entre Rantor y Eaton Global, en la cual la primera le asignaba a la segunda sus derechos como acreedor de PDVSA bajo el contrato de préstamo, contemplándose que la petrolera debía cancelar la deuda en un plazo de 180 días con pago de 600 millones de dólares. En esta operación, se ha señalado a un expresidente de Finanzas de PDVSA, como factor principal en la concreción de la transacción irregular, justo pocos días antes del 30/12/2014, cuando fue removido de la posición. Se ha reportado que la transacción en referencia, terminó significando para PDVSA, pagos totales por 1.200 millones de dólares, situación que pasó a constituir uno de los principales Casos de Investigación al cierre del presente informe”, hace referencia Molero Torres en el reporte.

Indica que las autoridades judiciales de los EE. UU. han determinado a través de sus investigaciones que el esquema de lavar divisas provenientes de transacciones desde Venezuela, ha desbordado el mercado inmobiliario en el sur de Florida. “Las investigaciones revelaron la compra de propiedades inmobiliarias y esquemas sofisticados de inversiones falsas para lavar cientos de millones de dólares estadounidenses. Se ha revelado la identificación de ocho acusados, entre ellos venezolanos, algunos relacionados hasta tiempos recientes con PDVSA, destacando particularmente, Abraham Ortega, ex Director Ejecutivo de Finanzas de PDVSA y Carmelo Urdaneta, ex Asesor legal del Ministerio del Poder Popular de Petróleo. Otro venezolano trascendente es Jacinto Convit, igualmente relacionado con el caso. Adicionalmente, se indica a la empresa Derwick, la cual ha aparecido involucrada en tramas de corrupción, tanto en el sector eléctrico como en el sector de los hidrocarburos, y que igualmente se le señala relacionada con beneficios impropios, derivados de ventajas obtenidas con los pagos recibidos en divisas”.

El comisario principal de PDVSA recomendó que la Vicepresidencia de Finanzas de la estatal, la Dirección Ejecutiva de Seguridad Integral y la Dirección Ejecutiva de Auditoría Interna Corporativa, coordinen acciones para una exhaustiva revisión de todas las operaciones pactadas en divisas, al menos durante los últimos seis años, con énfasis especial en la profundización de los casos que han trascendido ante la opinión pública.

Priorizar la investigación de casos de transacciones convenidas contractualmente en bolívares y posteriormente pagadas en divisas. “Al efecto, los auditores forenses, deben priorizar la revisión de los casos de las empresas Rantor y Eaton Global, así como evaluar la responsabilidad de ex altos ejecutivos de PDVSA en el manejo, aprobación y pago indebido en divisas de un préstamo acordado contractualmente en bolívares”.

Por último, Molero Torres llamó a investigar las responsabilidades de la gerencia de PDVSA en las acusaciones que han trascendido en relación con la empresa Derwick.