Conozca las razones que llevaron al tribunal a admitir la querella por caso del “buque fantasma”

A continuación damos a conocer  los detalles que sustentaron la decisión emitida por el Tribunal de Control del Área Metropolitana de Caracas de admitir la querella interpuesta por la Procuraduría General de la República en contra de los directivos de PDV que contrataron el alquiler del “buque fantasma”.

Maibort Petit/Venezuela Al Día

En fecha 20 de septiembre de 2017, el Tribunal de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción del Área Metropolitana de Caracas, Juzgado Décimo en Funciones de Control Estadal, admitió la querella que presentó ante esa instancia, Rafael Antonio Osío Tovar, contra Romer Valdez, Jesús Figueroa, Lioner Valdez, Adelso Molero, Elías Roa y Rafael Rodríguez, por los delitos de peculado y falsa alegación, por irregularidades en el alquiler de una plataforma petrolera mediante un contrato suscrito entre Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y la empresa PetroSaudí Oil Services, por un valor de USD 1.300 millones.

Osío Tovar actuó en nombre y representación de la República Bolivariana de Venezuela de conformidad a las atribuciones que le confieren el artículo 247 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con los artículos 2 y 9 en su numeral 1° del decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de la Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, organismo al cual está adscrito.

Refiere el documento que vista la querella presentada el 6 de marzo de 2017 por Osío Tovar en la que acusaba a los arriba mencionados por la presunta comisión del delito de peculado y falsa alegación, previstos y sancionados en los artículos 52 y 58 de la Ley contra la Corrupción mientras que, adicionalmente, a Rafael Rodríguez lo señaló de la comisión del delito de Tráfico de Influencias, sancionado en el artículo 71 eiusdem, el juzgado procedió a decidir la admisibilidad o no de la acusación, de acuerdo a lo pautado en los artículos 275, 276 y 278 del Código Procesal Penal.

Sistema de distribución de medicamentos será obligatorio para hospitales públicos

Indica el documento que en el texto de la querella se observa que contiene el requisito establecido en el artículo 276 numerales 1 y 2 del Código Orgánico Procesal Penal que en el presente caso se verifican en el segundo capítulo de dicho instrumento legal, el cual versa sobre la identidad de los denunciados, precisándose que entre el querellante y los querellados no existe ningún vínculo o relación de parentesco.

Respecto a esto se indica que —para el momento en que se emite el documento— Romer Valdez C.I. V 7.960.269, era presidente de PDV; Jesús Figueroa C.I. 6.306.514, era miembro de la junta directiva de PDV; Lioner Valdez C.I. V-7.600.008, era miembro de la junta directiva de PDV; Adelso Molero, C. I. V-3.924.422, igualmente integraba la junta directiva de PDV; Elías Roa, C.I. V-6.107.464, también era miembro de la directiva de PDV; y Rafael Rodríguez, C.I. 13.945.893, era empleado de PDVSA.

Al referirse a la cualidad del querellante, el texto del documento se remite al capítulo especial de la ley que versa sobre la capacidad del Procurador para presentar querella y justificación de la condición de la víctima e indica que, aun cuando la acción penal corresponde al Ministerio Público, la legislación concede a esta (a la víctima) la capacidad de querellarse en contra del autor punible que le perjudica, habida cuenta de que la protección de sus derechos y la restitución del daño que le ha sido causado es interés primordial del estado. Del mismo modo se sustenta en el artículo 274 del COPP que expresa que “sólo la persona, natural o jurídica, que tenga cualidad de víctima, podrá presentar querella”. También se recurre al artículo 247 de la Constitución que le otorga al Procurador la defensa judicial y extrajudicial de los intereses patrimoniales de la república.

Diputado Guerra demuestra como un sueldo mínimo no alcanza para comer

En tal sentido, en vista de que el estado sufrió un daño económico severo como consecuencia de los ilegítimos actos imputados, quedaba habilitada la Procuraduría General de la República para acudir a los tribunales de justicia.

Sobre el requisito establecido en el artículo 276, numeral 3 del COPP relativo al delito que se imputa, el lugar, día y hora aproximada de su perpetración, el tribunal se remitió a considerar cada uno de los delitos de la acusación.

Delito de peculado

Así, respecto al delito de peculado, se indica que el denunciante considera más que probable que en este caso se haya cometido el delito en referencia, por lo que la jueza Flores Algarín procedió a estudiar el artículo 52 de la Ley contra la Corrupción que establece que “Cualquiera de las personas señaladas en el artículo 3 de la presente Ley que se apropie o distraiga, en provecho propio o de otro, los bienes del patrimonio público o en poder de algún organismo público, cuya recaudación, administración o custodia tengan por razón de su cargo, será penado con prisión de tres (3) a diez (10) años y multa del veinte por ciento (20%) al sesenta por ciento (60%) del valor de los bienes objeto del delito. Se aplicará la misma pena si el agente, aun cuando no tenga en su poder los bienes, se los apropie o distraiga o contribuya para que sean apropiados o distraídos, en beneficio propio o ajeno, valiéndose de la facilidad que le proporciona su condición de funcionario público”. Igualmente, luego de hacer un conjunto de consideraciones al respecto, así como de la condición de empleados públicos de los acusados y de dejar sentado que la hacienda pública es una sola, la titular del tribunal concluyó que efectivamente los señalados son perfectamente imputables del referido delito de peculado.

Agrega que la empresa Petrosaudi Oil Services, POS, podría cobrar razonablemente una cantidad que no podía exceder de USD 176.500 y siendo que efectivamente cobró USD 485146 diarios, se establece que injustificadamente se ha apropiado de USD 308.646 diarios, dinero que pertenece a la nación. Tomado en cuenta que  dicho dinero fue adjudicado por Romer Valdes y al resto de los miembros de la junta directiva de PDV, “se debe llegar a la irreductible conclusión que los mismos han cometido el delito de peculado, siendo por tal motivo que atribuyo la comisión de este delito a Romer Valdes, Jesús Figueroa, Lioner Valdes, Adelso Molero y Elías Roa.

Delito de falsa alegación

Sobre el delito de falsa alegación, el tribual estimó la existencia de otro hecho irregular que a su juicio debía ser investigado, a saber, que el contrato que se concedió a la empresa POS se hizo a través del mecanismo de adjudicación directa que, para le fecha de llevarse a cabo la firma del contrato, estaba previsto en el artículo 87 de la Ley de Licitaciones. Advierte la jueza que este procedimiento es siempre de carácter excepcional. Debiéndose recurrir a él únicamente por razones de necesidad y urgencia. Subraya que se quiso justificar la contratación del Saturn aduciendo que para la fecha era el único disponible y argumentando que la tarifa de alquiler era competitiva, por lo que la jueza Flores Algarín se remite a una comunicación del 21 de agosto de 2010 en la que Ricardo Coronado en su carácter de director de PDVSA cuando expresó el citado argumento, al que calificó de ser una “sinrazón”.

Se dice en el documento que el querellante sostiene que no se cumplieron las condiciones requeridas por la ley, tanto la ley de licitaciones vigente para el momento, como la de contrataciones, pues las razones expresadas en el acto se basan, exclusivamente en consideraciones de conveniencia que a la final resultaron ser falsas, puesto que ni el precio fue competitivo ni la barcaza era la única disponible. La jueza concluye que se recurrió a la adjudicación directa bajo ilusorias bases, lo que evidencia la ausencia de mecanismos efectivos y permanentes de planificación y control interno relacionados con los procesos de contratación que alerten a las autoridades acerca de este tipo de debilidades. “Visto lo anterior, podemos concluir no tan sólo que no debió adjudicarse directamente el proyecto, sino que además debió cumplirse con lo establecido en los artículos 61 y 72 de la para entonces Ley de Licitaciones, en virtud de que el monto del contrato superaba la once mil quinientas unidades tributarias”, reza el dictamen.

Prosigue el tribunal indicando que alegar falsas razones para evitar la aplicación de los procedimientos de licitación es un delito contemplado en el artículo 58 de la Ley contra la Corrupción, que establece que “El funcionario público que, con el objeto de evadir la aplicación de los procedimientos de licitación u otros controles o restricciones que establece la ley para efectuar determinada contratación, o alegare ilegalmente razones de emergencia, será penado con prisión de seis (6) meses a tres (3) años. Con igual pena serán sancionados los funcionarios que otorgaren las autorizaciones o aprobaciones de tales contrataciones”. En tal sentido, la jueza indica que se evadieron los procedimientos de licitación, sin que existieran razones suficientes para ello.

Pasa a considerar que lo siguiente era determinar si todos los miembros de la junta directiva tenían responsabilidad en el asunto y se remite entonces al documento que recoge la asamblea mediante la cual se aprobó la negociación, concluyéndose que Romer Valdes, Jesús Figueroa, Lioner Valdez, Adelso Molero y Elías Roa, están vinculados al delito que se les atribuye, “motivo por el cual expresamente requerimos que sean investigados en relación a estos hechos”.

Delito de tráfico de influencias

Prosigue el dictamen del tribunal haciendo referencia al delito de tráfico de influencias previsto en el artículo 71 de la Ley contra la Corrupción que estipula que “El funcionario público que en forma indebida, directamente o por interpuesta persona, con aprovechamiento de las funciones que ejerce o usando las influencias derivadas de las mismas, hubiere obtenido ventaja o beneficio económico u otra utilidad para sí o para un tercero, será penado con prisión de dos (2) a cuatro (4) años. Igual pena se aplicará a quien, en beneficio propio o de otro, haga uso indebido de la influencia o ascendencia que pudiera tener sobre algún funcionario público para que éste ordene o ejecute algún acto propio de sus funciones, para que lo omita, retarde o precipite o para que realice alguno que sea contrario al deber que ellas impongan”.

La jueza Flores Algarín refiere que con respecto al caso la ley presupone la ocurrencia de dos supuestos en lo concerniente al sujeto activo, a saber, cuando la acción sea llevada a cabo por el funcionario público o cuando sea llevada a cabo por cualquier otra persona, siendo el resto de la estructura idéntica.

Respecto al caso, la magistrada indica que el asesor legal de PDVSA, Rafael Rodríguez —cuyo cargo oficial dentro de la petrolera se desconoce—, de acuerdo a lo investigado por ella, siempre aparecía “entre sombras y susurros, atribuyéndose a estos conspiradores la mayor contribución para conseguir la celebración del contrato con el que se causó el daño a la nación”.

La jueza se reserva el nombre de otra persona surgida en la investigación a quien califica de “enemigo de la nación”. Respecto a Rodríguez, la magistrada insta a estudiar la minuta de la reunión de junta directiva de PDV del 31 de agosto de 2010 en la cual Romer Valdez, Jesús Figueroa, Lioner Valdez, Adelso Molero y Elías Roa tenían previsto la aprobación del contrato, observándose que en dicha cita figuraba como “invitado especial” y “secretario accidental”, Rafael Rodríguez. Se pregunta Flores Algarín la razón para considerar como especial la presencia de este sujeto que no aparece registrado en la plantilla directiva de la filial petrolera ni de la POS, por lo que no existía motivo para invitarle a participar, ni darle el carácter de secretario accidental. Dado su carácter de asesor legal, advierte el tribunal, debió haber alertado acerca lo dañino de la negociación.

“El propósito de su ‘inexplicable’ presencia es, entonces, mucho más siniestro pues con ella deja constancia de su participación en el negocio como prueba de ‘músculo’ de su capacidad de influir a alto nivel en la petrolera, con lo cual no sólo garantizaría que el contrato se firmase, como se firmó, sino su tajada en las ilícitas ganancias que habrían de ser obtenidas en el curso de la vigencia de este, así como la de sus compinches y cómplices en el delito”, reza textualmente el dictamen de Flores Algarín.

Concluye con respecto a Rodríguez que, independientemente de que fuera considerado funcionario público o no, al ejecutar el acto tocó el núcleo del tipo delictivo invocado. Su influencia  se hizo sentir especialmente sobre la junta directiva quienes activamente decidieron acoger los malos consejos, olvidando sus deberes objetivos como funcionarios públicos, con lo que se cumple el otro extremo requerido por el tipo delictual. La influencia se concretó cuando logró convencer a la directiva de PDV de firmar el contrato 4600036377, “siendo que, cegado por la prepotencia, la arrogancia y la codicia, hizo ver su nombre para que se conociera su participación en estos hechos, no existiendo ninguna razón técnica o jurídica que justificase su presencia en la firma del dicho instrumento”.

La jueza no exime con esto de responsabilidad a los integrantes de la junta directiva de PDV, pues la sugerencia de Rodríguez se habría demostrado como abiertamente ilegal a la primera revisión de los términos del contrato o de la embarcación. “El acoger las sugerencias de Rodríguez, implicó para ellos la comisión de los delitos por los cuales se les denuncia, pues ante la sugerencia no perdieron su capacidad de discernir, siendo entonces responsables, por su cuenta, del daño sufrido por la nación. Es por ello que nos querellamos, como en efecto lo hacemos, en contra de Rafael Rodríguez como autor del delito de tráfico de influencias, previsto y sancionado en el mencionado artículo 71 de la Ley contra la Corrupción”.

La relación especificada

Seguidamente la jueza Flores Algarín pasa a referirse al requisito establecido en el artículo 276 numeral 4 del COPP relativo a “una relación especificada de todas las circunstancias del hecho”, indicando que cuando PDV contrató a la empresa POS el 30 de septiembre de 2010 para ejecutase labores de extracción de gas dentro del marco del proyecto Mariscal Sucre, la contratista se comprometió a utilizar una embarcación de su propiedad denominada Saturn, luego de asegurar que la misma estaba plenamente capacitada para realizar la labor encomendada por un tiempo de siete años por una tarifa de USD 460.888,70 diarios, el contrato fue autorizado por Romer Valdez  en la fecha citada al momento de establecer su rúbrica.

Sin embargo, advierte la magistrada, esto ocurrió como la materialización de una decisión de la junta directiva de PDV, siendo que sus directores acordaron llevar a cabo dicha contratación, como puede constatarse en el acta de la reunión de la JD del 31 de agosto de 2010.

Destaca la jueza en este asunto, el hecho de que una importante publicación petrolera, la revista Off-Shore, publicó un gráfico sobre las tarifas a cobrar por labores de extracción de gas mar adentro, en la que se explica que el tipo de nave contrata por PDV es Floater que no se asienta en el fondo del mar, sino que es fijada en el sitio por extracción mediante anclaje, siendo que en el contrato las partes acordaron que la profundidad máxima en la que operaría el Saturn sería de  25 mil pies. Se remite la magistrada a la publicación en la que se informa que la tarifa máxima que en promedio podría haber cobrado POS durante el año 2010 sería de USD 176.500 por día de extracción. Este monto al enfrentarlo a los USD 486.146 del contrato arroja un sobreprecio de 274 por ciento. La tarifa aumento en 2011 a USD 230 mil, lo que representaría entonces que el sobreprecio se ubicara para entonces en 230 por ciento.

Desistimiento de la causa sobre Romer Valdez

La Procuraduría en fecha 19 de julio de 2017, a través de Keila Andreina Miranda, se dirigió al tribunal para desestimar parcialmente la querella interpuesta, dejando asentado de forma taxativa que dicho desistimiento abarcaba exclusivamente a Romer Antonio Valdez Prieto.

La razón argumentada fue la colaboración y esclarecimiento que Valdez había presentado ante el organismo.

Sobre esto el tribunal expresó que desistir total o parcialmente de una querella es una facultad del querellante conforme a lo previsto en el COPP, por lo que imparte su homologación procesal sin afectar la exclusiva titularidad del ejercicio de la acción penal que corresponde al Ministerio Público.

En tal sentido la fiscalía debería presentar en su oportunidad el acto conclusivo que en derecho corresponda.

Acciones requeridas por el querellante

La procuraduría debía requerir a PDVSA, informar la identidad de quienes eran los integrantes de la junta directiva de Petróleos de Venezuela Servicios que se encontraban en funciones para el día 30 de marzo de 2010. Esto debía ir acompañado por copia del acta en que se los designó como integrantes de la directiva, su historia laboral dentro de la estatal o sus filiales.

PDVSA debía informar si Rafael Rodríguez es o fue empleado de PDVSA S.A. o de cualquiera de sus filiales. La respuesta afirmativa de esto requería además el historial del mismo dentro de la empresa.

PDVSA debía informar si la junta directiva de PDVSA Servicios mantiene o ha mantenido relaciones de carácter contractual, comercial, laboral o de cualquier tipo con una empresa denominada Petrosaudi Oil Services LTD. De ser la respuesta afirmativa se debía precisar el tipo de relación, objeto de la misma y enviar copa certificada de cualquier documento que recogiera tales relaciones.

PDVSA debía informar si ella o cualquiera de sus filiales ha mantenido relación comercial, contractual, laboral o de cualquier tipo con Tarek Essam Ahmad Obaid, fuera que este hubiera actuado en su propio nombre y/o en representación de alguna sociedad comercial.

PDVSA debía informar si ella o sus filiales han mantenido relación comercial, contractual, laboral o de cualquier tipo con una persona llamada Patrick Mahony, sea que este hubiera actuado en su propio nombre o en representación de alguna sociedad mercantil.

PDVSA debía informar si la junta directiva de PDVSA Servicios celebró alguna reunión de la junta directiva del 30 de marzo de 2010 y en caso de ser así, debía remitir un informe sobre el contenido de los actos de dicha junta en aquella oportunidad, así como el nombre de quienes conformaban la instancia para la fecha.

PDVSA debía informar si la junta directiva de PDVSA Servicios el día 30 de marzo de 2010 autorizó la celebración del contrato “Acuerdo de perforación y extracción” N° 4600036377, especificando las razones de dicha contratación. Se debía remitir en caso afirmativo, toda la información del caso y copias certificadas de las actas, de los contratos, identidad de los participantes, etc.

PDVSA debía informar si el contrato “Acuerdo de perforación y extracción” N° 4600036377 fue revisado por algún abogado del estado venezolano y de ser afirmativa debía identificar al mismo y que este remitiera copia del informe que haya emitido luego de verificar los términos del instrumento que habría de ser firmado. Se debía informar si el contrato establecía la obligación de PDVSA o PDVSA Servicios a pagar las facturas que presentara la contratista en un lapso perentorio a pesar de que la contratante pudiese tener razones para objetar dicho pago.

PDVSA debía informar si en la junta directiva de PDVSA Servicios celebrada el 30 de marzo de 2010 participó Rafael Rodríguez y, en caso de haberlo hecho, el carácter de su participación. En caso afirmativo se debían remitir toda la documentación al respecto.

PDVSA debía informar si Rafael Rodríguez tuvo alguna participación en las negociaciones que pudieron haber culminado en la celebración del contrato “Acuerdo de perforación y extracción” N° 4600036377, con explicación de las razones de su participación en el mencionado acuerdo.

PDVSA debía informar en caso de haberse celebrado el referido contrato con la empresa POS la identidad, tanto de la junta directiva de PDVSA Servicios como de la contratante que rubricó el acuerdo y el carácter con el cual actuó.

PDVSA debía informar si en la celebración del “Acuerdo de perforación y extracción” N° 4600036377, PDVSA o PDVSA Servicios siguieron el procedimiento de licitación pública previsto en la ley. En caso de haberse procedido a una adjudicación directa, debía remitirse copia certificada del acto que lo autorizaba, así como cualquier documento o comunicación que lo justificara.

PDVSA debía informar en caso de que el “Acuerdo de perforación y extracción” N° 4600036377 fuese celebrado con la empresa POS, si la junta directiva de PDVSA Servicios verificó las credenciales de dicha empresa para llevar a cabo el servicio contratado, con especial énfasis en la experiencia que esta tuviera en servicio a empresas petroleras nacionales o internacionales. Se debía precisar si se había verificado la forma jurídica de la empresa.

PDVSA debía informar si previó la celebración del “Acuerdo de perforación y extracción” N° 4600036377, se verificaron los precios de mercado de los servicios que se estaban contratando. Se debía explicar las razones ya fuera la respuesta afirmativa o negativa.

PDVSA debía informar si el “Acuerdo de perforación y extracción” N° 4600036377 incluía la operación de algún buque o nave. La respuesta afirmativa ameritaba suministrar el nombre de la embarcación y si la directiva de PDVSA Servicios, directa o indirectamente, verificó el estado y condiciones de la nave. La respuesta negativa al igual que la afirmativa ameritaba argumentación y razones para actuar.

PDVSA debía remitir copia certificada del informe emitido por el comité de investigación en el caso del contacto del ferry Ocean Pearl con líneas de anclaje de la unidad de perforación Petrosaudi Saturn, durante operaciones de perforación del pozo dr-10, el día 2 de abril de 2011.

PDVSA debía informar si como consecuencia de la celebración del “Acuerdo de perforación y extracción” N° 4600036377, PDVSA Servicios o cualquier otra filial de la estatal petrolera había sido objeto de demanda judicial alguna, nacional o internacionalmente

PDVSA debía informar si como consecuencia de alguna demanda de la cual fuera objeto la nación, PDVSA o PDVSA Servicios, como consecuencia de la firma del “Acuerdo de perforación y extracción” N° 4600036377, se había discutido el contenido, alcance y aplicación de la cláusula 803.

El tribunal aprobó la solicitud de la Procuraduría de dictar medidas cautelares de coerción personal a Jesús Figueroa, Lioner Valdez, Adelso Molero, Elías Roa y Rafael Rodríguez, así como medidas preventivas cautelares de prohibición de enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles.

La dispositiva

La jueza Josepline Flores Algarín admitió la querella interpuesta por Rafael Osío Tovar en contra de Jesús Figueroa, Lioner Valdez, Adelso Molero, Elías Roa y Rafael Rodríguez.

Igualmente homologó el desistimiento parcial de la querella presentado por Keila Andreina Miranda en relación a Romer Valdez Prieto, sin afectar la exclusiva titularidad del ejercicio de la acción penal del Ministerio Público, en virtud de que los delitos de la querella son de acción pública y no privada, debiendo el representante Fiscal presentar en su oportunidad el acto conclusivo que en derecho corresponda.