La nueva Constitución chavista y el poder supremo que otorga a Maduro

Foto: El Politico

La crisis en Venezuela se ha convertido en uno de los principales temas de controversia a nivel internacional, motivado a las continuas agresiones por parte del gobierno de Nicolás Maduro y las denuncias ante organismos mundiales por parte de la oposición venezolana, y todo parece indicar que esto no cambiará en un futuro cercano.

Gerardo Romero / Venezuela al Día

Esto motivado a la reciente solicitud del Ministro de Comunicación y Cultura, Jorge Rodríguez, quien solicitó a la Asamblea Nacional Constituyente finalizar la elaboración de la nueva Constitución venezolana.

En el borrador de este nuevo escrito de la Carta Magna, se incorporan tres nuevos artículos relacionados con la “Defensa del texto constitucional de la República Bolivariana de Venezuela”, donde califican como un acto de “traición a la patria” a todas las iniciativas que los opositores han venido ejecutando durante los últimos años.

Esto quiere decir que en caso de aprobarse esta nueva Constitución, “el venezolano que realice gestiones ante cualquier Estado u organismo internacional, dirigidas a la intervención de Venezuela por un país o Estado extranjero” será detenido y procesado por el delito ya antes mencionado, simbolizando esto a un total de 20 y 30 años en prisión.

Este castigo también será realizado para todas aquellas personas que “ejerzan acciones dirigidas a lograr el cerco internacional de la República en el orden financiero, comercial y de cualquier otra naturaleza, orientados a perturbar la producción, distribución e intercambio de alimentos, medicamentos o cualquier otro bien o servicio necesario para resolver problemas de alimentación, salud, educación, recreación o cualquier otra necesidad del pueblo, con la finalidad de generar conflictos que se asuman como justificación para la intervención de la república por un país o Estado extranjero”.

Muerte de diputada sacude a la ilegítima ANC

Estas acusaciones dentro de la nueva Constitución no sólo serán en contra de cualquier miembro de la oposición venezolana, sino que también contra cualquier ciudadano que llegue a cometer dichos delitos presentados en una Constitución que sólo respalda a la cúpula gubernamental.

El último escrito ya anunciado por el régimen es la modificación del artículo 19 de la constitución para suprimir el “principio de progresividad de los derechos”, lo cual ocasionaría una legalización en medidas bastante polémicas como el retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Foto: La Razón