Superintendente de Criptoactivos entregó el absoluto control del Petro a Social US C.A.

Supcacven obvió los mecanismos de control que obligan a la revisión de los contratos por la Procuraduría General de la República y a obtener la aprobación del Poder Legislativo de unas negaciones que cedieron el control de todo el proceso de la criptomoneda a una empresa en la que el estado venezolano carece de representación.

Maibort Petit/Venezuela Al Día

El Superintendente de los Criptoactivos y Actividades Conexas de Venezuela, Supcacven, Carlos Eduardo Vargas Urbina, habría entregado el absoluto control del Petro y la operatividad del organismo a la empresa Social US C.A. de Gabriel Jiménez Marrón, supuestamente a cambio de comisiones, según informan fuentes relacionadas con la institución.

La documentación que presentamos en estas páginas, revela que Gabriel Jiménez y su empresa tenían programada la apertura de oficinas en los Estados Unidos para promover y vender el Petro, aun cuando existe una orden ejecutiva del gobierno norteamericano que prohíbe expresamente el uso y las transacciones con la criptomoneda venezolana en su territorio y a sus ciudadanos.

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Estamos en conocimiento de que los contratos suscritos entre la Supcacven y Social US C.A. no fueron revisados por la Procuraduría General de la República como corresponde, ni por instancia legislativa alguna que los autorizara y, a pesar de esto, Carlos Vargas procedió a firmar las negociaciones y, por consiguiente, a entregar a una empresa extranjera el control total del Petro y los criptoactivos. Y es que como podrá verse más adelante, en la compañía que se encargaría de la promoción y negociación del Petro, el estado venezolano carece de toda representación.

El acuerdo marco

El 19 de febrero de 2018 la Superintendencia de los Criptoactivos y Actividades Conexas de Venezuela, Supcacven, representada por Carlos Vargas Urbina, y la empresa Social US C.A., representada a su vez por Gabriel Jiménez, suscribieron un acuerdo marco en el cual se sustentaría el contrato definitivo que ambas firmarían para la provisión de servicios de mercadeo vinculados al proyecto Petro y que incluiría detalles planteados en el documento “la propuesta de servicios y estrategias de mercadeo y comercialización”.

Refiere la cláusula primera de este acuerdo marco que la empresa Social US C.A. recibirá comisiones directas del 3 por ciento para cada inversor certificado, para lo cual estos debían presentar cartas de intención que tenían que ser entregadas antes del 20 de marzo de 2018, que resulten debidamente liquidadas.

Después de esa fecha —reza la cláusula segunda— las comisiones que Social US C.A. recibirían sería del 0,5 por ciento sobre las ventas certificadas antes del 20 abril de 2018.

Entretanto, la tercera cláusula indica que Social US C.A. recibirá comisiones indirectas del 0,5 por ciento sobre el resto de inversiones, a saber, las que resulten de restar del total de inversiones las conseguidas directamente por el gobierno de Venezuela, por la empresa Aerotrading LTD y la propia Social US C.A.

Asimismo, Social US C.A. se comprometió a conseguir inversiones directas certificadas de por lo menos USD 250 millones durante los primeros 60 días de la emisión, lo cual debía ocurrir antes del 20 de abril de 2018, de acuerdo a lo expresado en la cláusula cuarta, la cual además establece que en caso de que no se alcanzara esta cantidad, la empresa no recibiría las comisiones indirectas.

También Social US C.A. se comprometió a instalar oficinas de representación por un período de al menos un año, en Tokio, Seúl, Singapur, Londres y San Francisco luego de transcurridos 11 días desde la firma del acuerdo.

La empresa dio su palabra de llevar a cabo actividades de representación en un mínimo de 15 ciudades para promover el Petro y a Venezuela.

Social US C.A. se comprometió a listar el Petro en al menos 18 exchanges (sitios para operar y negociar divisas, digitales. Centros financieros), de las cuales dos deberían figurar entre las primeros diez, definidas de acuerdo al volumen de transacciones diarias, mientras que  cinco debían estar entre las siguientes 15. Los plazos para poner en funcionamiento las exchanges se definirán posteriormente, atendiendo a que un mínimo de 2 exchanges deben estar en funcionamiento a partir del momento en que la criptomoneda sea comercializable en el mercado y la totalidad de los 18 exchanges deben estar en funcionamiento antes de los 6 meses desde esta fecha.

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Se estipuló en la cláusula sexta que las comisiones obtenidas en base a las capturas de inversiones directas serían liquidadas en Petros cada 90 días contados a partir de los 15 días de la firma del contrato. A su vez, las comisiones obtenidas por colocaciones de inversiones indirectas se cancelarían también en Petros cada 180 días contados a partir de la firma del contrato.

Cuando las comisiones fueran liquidadas, Social US C.A. podía vender la mitad de las mismas inmediatamente, debiendo esperar 90 días adicionales para transferir el resto.

La cláusala séptima indicaba que Social US C.A. recibiría un anticipo de USD 500.000 en dinero fiduciario dentro de los primeros 15 días de la firma del contrato.

El reclamo de Gabriel Jiménez

El 2 de abril de 2018, la empresa Social US C.A. remitió a la Superintendencia de los Criptoactivos y Actividades Conexas, a la atención de Carlos Vargas, una comunicación referida al contrato que ambos firmaron el 13 de marzo del citado año y en el que la primera se comprometía a atraer inversionistas interesados en comprar el Petro; a promover las virtudes, características y cualidades de la criptomoneda nacional e internacionalmente; a instalar y mantener oficinas de representación para promover el Petro en ciudades como Tokio, Seúl, Singapur, Londres, Chicago, San Francisco y Nueva York; a promover el Petro en por lo menos 15 ciudades; a listar el Petro en al menos 18 exchanges.

Igualmente, menciona lo relativo al anticipo de USD 500.000, el cual a la fecha de la comunicación no habían sido pagados “siendo que es un recurso necesario para el alcance los objetivos planteados”.

Jiménez hizo un listado de las actividades realizadas por su empresa a cuenta del contrato y aunque refirió que las llevó a cabo por creer en el proyecto y su éxito, advirtió que “no obstante es pertinente por la presente indicarle que todas las actividades contratadas se han adelantado, como los informes le indican, aun sin el avance de los fondos indicados en el contrato a gran costo y esfuerzo de nuestra empresa, la cual sigue y seguirá a disposición para lograr los objetivos del Petro trazados”.

Igualmente alertó que los aspectos técnicos del Petro no habían sido presentados ni discutidos a la fecha para poder realizar el trabajo de promoción y comercialización debido, por lo que la información salida en los medios y en la comunidad de los criptoactivos nacional e internacional era “contradictoria, no conclusiva y confusa, por ello, sin contar nosotros con esta herramienta necesaria, el informe técnico real y preciso del modelo y del criptoactivo a promocionar y promover, los objetos del contrato no pueden completarse debidamente”.

El contrato

Los documentos en nuestro poder no nos dejan ver la fecha exacta cuando se firmó el Contrato Marco entre la República Bolivariana de Venezuela representada por la Superintendencia de los Criptoactivos y Actividades Conexas (Supcacven) y las empresa Social US C.A., representadas ambas partes por Carlos Vargas y Gabriel Jiménez, respectivamente.

Se trataba de un Contrato de Provisión de Servicios de Mercadeo vinculados al “Proyecto Peto”.

Social US C.A. se comprometió en la cláusula primera a que las inversiones  en el Petro fueran debidamente certificadas vía carta de intención y a que se liquidaran antes del 20 de abril de 2018, el monto total de las inversiones deberían alcanzar la suma de, al menos, USD 250 millones. Se advierte que en caso de que la empresa no cumpliera con esto, no recibiría pago alguno por concepto de comisiones indirectas.

Las adquisiciones efectivas por parte de los interesados que fueran traídos por Social US C.A. no generarían valor agregado y solo serían susceptibles de prestación por comisión directa a partir que se liquidara efectivamente dicha adquisición.

La cláusula tercera estipuló que la comisión por ventas directas de Social US C.A. que se hubieren materializado efectivamente se cobraría así: 1) Las ventas realizadas entre el 20 de febrero y el 20 de marzo del 2018, ambas fechas inclusive, serían equivalentes al 3 por ciento del monto de la compra. 2) las compras realizadas desde el 20 de marzo hasta el 20 de abril del 2018, ambas fechas inclusive, generarían una comisión directa de 0,5 por ciento del monto de la compra.

La cláusula quinta estaba referida al anticipo no reembolsable de USD 500.000.00, los cuales debían ser descontados del monto final de las prestaciones que por comisión directa o indirecta percibiera Social US C.A.

Igualmente, la cláusula sexta indicaba que los pagos de las comisiones directas o indirectas a Social US C.A. se pagarían en Petros de la siguiente manera: 1) Las comisiones obtenidas en base a las capturas de “inversiones directas” serán liquidadas en Petros cada 90 días continuos contados a partir de los 15 días continuos de la firma del contrato; y 2) las comisiones obtenidas en base a las colocaciones de “inversiones indirectas” serán liquidas en Petros cada 180 días contados a partir de la firma del contrato.

Las primeras comisiones indirectas se cancelarían en Petros  y se debía descontar la cantidad de la criptomoneda que correspondía al anticipo.

Después de liquidadas las comisiones, Social US C.A. podía vender la mitad de estas inmediatamente, debiendo esperar 90 días adicionales para transferir el resto de los Petro que hubiera percibido por concepto de comisiones directas o indirectas.

El contrato además incluyó los aspectos contemplados en el Acuerdo Macro relativos a la promoción del Petro, la instalación de oficinas de representación en varias ciudades del mundo, la colocación de la criptomoneda en losexchanges, cláusulas de confidencialidad y demás formalidades contempladas en este tipo de contratos.

Los protagonistas

Carlos Eduardo Vargas Urbina, nació el 1° de enero de 1982, es titular de la Cédula de Identidad N° V-15.211.017 y aparece ubicado en la parroquia Cantaura del municipio Freites del estado Anzoátegui.

Aparece registrado en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, IVSS, desde el 4 de agosto de 2017, por la Asamblea Nacional Constituyente con el número patronal 001899001. Tiene estatus activo, su primera afiliación fue el 1° de enero de 2006 y su fecha de contingencia es el 1° de enero de 2042. Acumula 462 semanas cotizadas, con un total salarios de Bs. 14.691.723,16.

Ejerce su derecho al voto en el Liceo Doctor Felipe Guevara Rojas, de la parroquia Cantaura del municipio Freites, estado Anzoátegui.

Este abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela, UCV, es integrante de la Asamblea Nacional Constituyente electa irregularmente. Anteriormente había sido diputado a la Asamblea Nacional por el partido Un Nuevo Tiempo, vinculado a Ricardo Sánchez. Es fundador del partido pro oficialista, Alianza Para el Cambio.

Vargas Urbina fue designado por el presidente Nicolás Maduro como Superintendente de los Criptoactivos y Actividades Conexas Venezolana, mediante el Decreto N ° 3.197 publicado en la Gaceta Oficial N° 6.346 Extraordinario el 8 de diciembre de 2017.

Entretanto, Gabriel Simón Jiménez Marrón, nació el 30 de marzo de 1990, es portador de la Cédula de Identidad N° V-19.562.628 y aparece ubicado en la Parroquia El Hatillo, municipio El Hatillo, estado Miranda.

Su regusto en el IVSS indica que ingresó al sistema el 18 de noviembre de 2013. En la actualidad aparece registrado por la empresa UEP José Gregorio Monagas AC., con el número patronal E48201003. Tiene estatus activo y su fecha de contingencia es el 30 de marzo de 2050. Acumula 246 semanas cotizadas con un total de salarios cotizados de Bs. 9.496.720,41.

Ejerce su derecho al sufragio en la Unidad Educativa Nacional Bolivariana Conopoima, de la parroquia El Hatillo, municipio El Hatillo, estado Miranda.

Es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAB, y se ha dedicado al área de negocios, específicamente a los asuntos de tributación financiera nacional e internacional. También tiene estudios en laUniversity of Central Florida y en la University of Denver, Estados Unidos. Asimismo, cursó la carrera de Banca y Finanzas en el London Metropolitan University.

Vargas Urbina y Jiménez Marrón fueron acusados ante la ANC, entidad a la que se le solicitó investigarlos penal, civil y administrativamente por presuntamente pertenecer a una organización criminal causante de efectos devastadores al país, “generados por la comisión de los múltiples hechos punibles (…) cuyo propósito fundamental no fue otro que a nuestro criterio enriquecerse y Traicionar a la Patria”.

Sobre Social US C.A.

La empresa de Gabriel Jiménez, The Social US LLC, cuyo estatus es activa, está registrada en el estado de la Florida el 25 de mayo de 2016, bajo el número L16000102779, y número FEI/EIN 81-2751005. Su sede en el 800 N Ashley Dr., Tampa, FL 33602 UN. El agente registrador y su titular es Gabriel Jiménez, cuya dirección es  la misma ofrecida como domicilio de la compañía.

Al momento de su registro en 2016  se informó dirección de la empresa el 480 NE 30 ST, APT 2204, Miami, Florida 33137. En ese entonces como agente registrador figuró Andras Bendeguz, cuya dirección era la misma suministrada como sede de la compañía. Como titular se indicaba a Gabriel En 2017 Jiménez.

El 29 de noviembre de 2017 fue renovada la empresa, ofreciéndose los mismos datos que al momento de su registro inicial.

Nuevamente el 19 de marzo de 2018, se renovó el registro empresarial de The Social US LLC y es entonces que se ofrecen los datos suministrados líneas arriba que refieren que la dirección de la compañía es el 800 N Ashley Dr., Tampa, FL 33602.

En Venezuela, Social US C.A. tiene el Registro de Información Fiscal (RIF) J-403305510 y se encuentra registrada ante la Oficina de Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital, en fecha 22 de octubre del 2013, anotada bajo el N° 10, Tomo 169-A. Sus estatutos fueron reformados, según consta de documento inscrito ante la referida Oficina de Registro Mercantil el 20 de febrero del 2018, quedando anotada bajo el No. 33, Tomo 35-A.

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Disclaimer

Para la realización de esta nota intentamos comunicarnos con las personas y empresas mencionadas a los correos electrónicos que aparecen en los récords públicos pero al cierre del reportaje no logramos repuestas a nuestras solicitudes. Si alguno de los mencionados desea expresar su punto de vista o comentarios pueden escribirnos a nuestro correo electrónico [email protected]. A continuación les dejamos los sendos cuestionarios enviados a los dos mencionados.

Cuestionario Carlos Vargas:

¿Por qué no se sometieron a revisión de la Procuraduría General de la República los acuerdos y contrato suscrito por la Superintendencia de los Criptoactivos y Actividades Conexas de Venezuela, Supcacven, y la empresa Social US C.A.? Igual se obvió el control y aprobación del Poder Legislativo. Argumente.

¿Por qué se negoció con una empresa en la que el estado venezolano carecía de representación y se le otorgó el control absoluto de las operaciones con el Petro?

En los documentos se contempla la apertura de oficinas de representación en Estados Unidos aun cuando existe una orden ejecutiva expresa del gobierno norteamericanoque prohíbe las operaciones con el Petro. ¿Por qué?

Cuestionario Gabriel Jiménez

Se le señala de haber manejado las operaciones de diseño, promoción y puesta en funcionamiento del Petro en beneficio propio. ¿Qué puede decir en su descargo?

Planeaba usted abrir oficinas de representación de Social US en Estados Unidos para promover el Petro aun cuando existe una orden ejecutiva que lo prohíbe. ¿Por qué?

En su criterio, ¿despoja su empresa del control del manejo de las operaciones del Petro al estado venezolano o no? Argumente.