El petro: ¿una buena idea? por David Uzcátegui

El gobierno de nuestro país dio a conocer la semana pasada la emisión de 100 millones de “petros”, una unidad monetaria virtual que el Ejecutivo ha definido como “la criptomoneda de Venezuela” y que equivale, según ellos, al valor del barril de petróleo venezolano en el mercado internacional.

Sin embargo, la Asamblea Nacional ha picado adelante y ha declarado ilegal a la recién nacida divisa.

No es para nada nuevo este enfrentamiento en unos y otros entre dos poderes nacionales. Pero, ¿quién tiene la razón?

Trataremos de separar la paja del grano en este nuevo episodio críptico -nunca mejor dicho- y también crítico, de la ya extenuante diatriba nacional.

Pero, sobre todo, intentemos ver las inconveniencias, más allá del pronunciamiento parlamentario, para que el gobierno nacional intente navegar en aguas desconocidas en medio de un momento particularmente adverso para nuestra patria.

Comencemos por saber que una criptomoneda, criptodivisa (del inglés cryptocurrency) o criptoactivo, es un medio digital de intercambio. La primera criptomoneda que empezó a operar fue la bitcoin en 2009, y desde entonces han aparecido muchas otras, con diferentes características y protocolos como litecoin, ethereum, ripple o dogecoin.

En estos sistemas se garantiza la seguridad, integridad y equilibrio por medio de un entramado de agentes  que se verifican mutuamente, denominados mineros, que son, en su mayoría, público en general y protegen activamente la red al mantener una alta tasa de procesamiento de algoritmos, con la finalidad de tener la oportunidad de recibir una pequeña propina, que se reparte de manera aleatoria.

Como vemos, se trata de un sistema independiente, autorregulado y autocontrolado.

Por ello, y desde que se comenzó a hablar de una criptomoneda venezolana, las críticas apuntaron -certeramente, por demás- al hecho de que existiera una divisa digital controlada por el gobierno de un país, lo cual desdice de lo que han sido hasta ahora las criptomonedas en sí mismas.

Y es que, obviamente, un país -cualquiera- tiene una agenda política y de poder muy propia. Justamente, la divisa virtual nace para ser una alternativa al sistema monetario tradicional, imbricado con los respectivos Estados emisores.

Con más razón parecen acertados estos argumentos, si el gobierno que pretende lanzar la criptomoneda en cuestión es por definición centralizado y controlador.

El asunto es que el instrumento financiero puede ser emitido, pero ¿de cuánta credibilidad va a gozar en el mundo? Esto podría parecer fácil de resolver, al apalancarse en las reservas petroleras, como bien dicen quienes hoy administran nuestro país.

Pero hay otro detalle, y es que Petróleos de Venezuela indudablemente ha perdido músculo, mientras adicionalmente el mundo marcha hacia la búsqueda urgente de energías alternativas y hay nuevos oferentes en el mercado petrolero mundial.

Otro gran contratiempo para el petro, sería el hecho de que se esté buscando emitirlo para sortear los desencuentros que tiene Venezuela con el sistema financiero mundial, lo cual termina de configurar un escenario único para esta clase de monedas.

Es decir, el país que está poniendo su nombre para respaldar la moneda, tiene por delante unos cuantos problemas previos a resolver. Y esto sin contar con que, insistimos, se trata de una alternativa financiera cuya gracia es justamente no depender de gobierno alguno.

Por cierto, y vaya como anécdota: Bolivia, un país afín al sistema venezolano actual, prohibió las criptomonedas. Pero por si fuera poco, el Parlamento declaró nulo el decreto de la emisión del petro, pues, asegurando que se trata de una moneda “ilegal” que viola lo establecido en la Constitución.

La AN alertó a los potenciales inversionistas y actores del mercado de las criptomonedas sobre la “ilegalidad” de la misma. Los parlamentarios indicaron que en el artículo 12 de la Constitución se establece que las reservas petroleras y las riquezas del país son “inalienables”.

Adicionalmente, alegaron que las operaciones de crédito público requieren, para su validez, de una ley especial que las autorice y la misma debe pasar por aprobación de la Asamblea Nacional.

Este es un detalle extremadamente delicado: comprometer a futuro las reservas petroleras nacionales requiere de la aprobación del Legislativo. Con tantas patas cojeando, nos anotamos en la lista de quienes piensan que este asunto no progresará porque viene mal concebido desde el principio.

Sería maravilloso que Venezuela pudiera entrar por la calle del medio a un universo tan característico del siglo XXI como lo son las criptomonedas, pero para ello se requiere primero poner la casa en orden. Hay demasiadas tareas pendientes en el camino antes de poder hablar seriamente de esa posibilidad.