Tribunal de EEUU confirma fecha de sentencia de contratistas de PDVSA

Los contratistas de PDVSA, Roberto Rincón y Abraham José Shiera, acusados por los Estados Unidos de haber pagado 1.000 millones de dólares en sobornos a directivos de la petrolera estatal venezolana para conseguir jugosos contratos, serán sentenciados el 8 de febrero de 2018 según confirmó Corte del Distrito Sur de Texas. El 5 de enero de 2018, la Oficina de Libertad Condicional entregó al tribunal de Houston los dos informes previos a la sentencia, que incluyen una investigación sobre la historia criminal de los acusados y que determinarán si existen circunstancias atenuantes que deberían mejorar o aumentar la dureza de la condena que dictará el juez, Gray H. Miller.

Maibort Petit / Venezuela al Día

De acuerdo al calendario procesal, las objeciones a los informes previos a las sentencias deben ser entregadas por los equipos de defensa de los dos hombres y por la fiscalía antes del 19 de enero de 2018, y el informe final debe ser consignado antes del 2 de febrero, para que quede todo listo para la lectura de la condena que se realizará por separado el 8 de febrero a las 9:30 AM.

Foto: ABC

El gobierno norteamericano acusó a Rincón y Shiera de haber pagado entre 2009 y 2014 mil millones de dólares sobornos a directivos de la empresa petrolera de Venezuela para obtener lucrativos contratos con beneficiaron a sus empresas energéticas, muchas de las cuales están radicadas en Estados Unidos.

De los mil millones de dólares ligados al esquema de corrupción, 750 millones están vinculados solo a Rincón, quien pagó sobornos de 2,5 millones de dólares a un solo alto funcionario de PDVSA.

Rincón y Shiera fueron arrestados el 16 de diciembre de 2015. Rincón fue apresado en Houston y trasladado a la cárcel de Harris County, en la ciudad de Texas, mientras que Shiera fue aprendido en Miami, Florida en la misma fecha.

Libertad condicional y colaboración con el gobierno

Una jueza de la Corte del Distrito Sur de Texas ordenó la puesta en libertad de Rincón a principios del mes de agosto de 2016 y la de Shiera en mayo del 2016, después que ambos permanecieran en prisión provisional durante meses tras su detención en diciembre de 2015. Ambos disfrutan del beneficio de no estar en una cárcel federal tras haber pagado una millonaria fianza que en el caso de Rincón fue de 5 millones y la Shiera de un millón de dólares, respectivamente.

Durante su periodo en libertad provisional, los dos acusados han permanecido detenidos en la comodidad de sus hogares bajo supervisión y con la imposibilidad de salir, salvo por necesidad médica o religiosa y para asistir a citas con su abogado u otros funcionarios judiciales, según establecen las dos órdenes emitidas por el juez de la causa.

Culpables

Foto: Vicepresidencia de la República de Venezuela

El 16 de marzo de 2016, Shiera- Bastidas se declaró culpable del cargo de conspiración y de otro cargo por violar la Ley contra Prácticas Corruptas en el Exterior (FCPA), destinada a combatir el pago de sobornos desde compañías de EEUU a empresarios o funcionarios públicos extranjeros.

En junio de 2016, Rincón también asumió la culpabilidad de dos cargos de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, en los que admitió su participación en un esquema de negocios corruptos para obtener contratos con la petrolera estatal venezolana PDVSA.

Igualmente, Rincón admitió que en su declaración de impuestos omitió más de $6 millones en dividendos recibidos por parte de una empresa que él poseía en Venezuela.

Al declararse culpable y colaborar con la justicia estadounidense, Rincón podría ser condenado a una pena máxima de 13 años. Inicialmente, enfrentaba una posible sentencia de cárcel de 100 años de cárcel.

La fecha de la sentencia de Rincón y su socio Shiera fue cambiada en dos oportunidades. Shiera y Rincón no han sido los únicos que se han declarado culpables en este caso.

Rincón es un empresario nacido un 14 de agosto de 1960 en el estado Zulia, ubicado al occidente de Venezuela. Está vinculado al sector petrolero y reside en Houston desde hace varios años. Es dueño de varias corporaciones, entre las que destacan las empresas Tradequip y Ovarb Industrial y que, tras el paro petrolero de 2002-2003, se convirtió en uno de los proveedores confiables de Pdvsa.

Roberto Rincón aparece vinculado al ex director de Inteligencia Militar del gobierno de Hugo Chávez y actual parlamentario de la Asamblea Nacional, Hugo Carvajal Barrios, quien también es acusado por las autoridades federales de los Estados Unidos por cargos de narcotráfico. Informaciones confirmadas señalan que Roberto Rincón estuvo presente en una reunión junto a Carvajal Barrios como el entonces ministro de energía de Aruba, Mike de Meza en 2014.

Carvajal Barrios fue arrestado en Aruba en julio de 2014 por orden del gobierno estadounidense. Desde 2008, Washington acusó a Carvajal de tener vínculos con el narcotráfico y el grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Carvajal ha negado las acusaciones y a la vez ha intentado negociar -hasta ahora sin éxito- sus cargos con el gobierno estadounidense. Este hombre viajó a Aruba en varias oportunidades en un avión propiedad de Roberto Rincón.

Otros involucrados en el caso

En los documentos federales se señala que los ejecutivos de la PDVSA que participaron en el esquema de corrupción creado por Rincón y Shiera recibieron sobornos en forma de dinero y regalos, entre los que se incluían comidas, viajes, whisky y hasta una noche en un lujoso hotel de Miami Beach (Florida).

Los co-acusados en este caso y que están en custodia de las autoridades estadounidense o ya procesados son (hasta el momento): Moisés Abraham Millan Escobar, José Luis Ramos Castillo, Christian Javier Maldonado Barillas, Alfonzo Eliezer Gravina Muñoz, Juan José Hernández-Comerma, Charles Quintard Beech III, Karina Del Carmen Nuñez-Arias y Fernando Ardila-Rueda.

La información suministrada por Rincón y Shiera ha permitido ubicar a funcionarios de alto rango de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro que recibieron coimas de los contratistas y que ahora son investigados y acusados por el gobierno de los EEUU. También permitió ubicar cuentas bancarias en paraísos fiscales y en bancos norteamericanos.