¿Quién es quién en el inconstitucional TSJ de Maduro?

Venezuela's Supreme Court President Maikel Moreno (C) speaks during a press conference at the Supreme Court in Caracas on June 28, 2017. Venezuela's leader Nicolas Maduro put the military on alert Wednesday against an alleged coup after a renegade police detective claimed responsibility for a grenade attack on the Supreme Court, demanding the embattled president quit. / AFP PHOTO / FEDERICO PARRA

De todos los que nombraron en esos años, el que más fue señalado fue Maikel Moreno el actual presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y de la sala penal. A pesar de que en su biografía en la página web del máximo juzgado dice que estudió derecho en la Universidad Santa María (USM) y allí mismo realizó un doctorado sin especialización ni maestría, no se refleja el pasado del juez.

Fernando Tineo/ Venepress

Moreno fue acusado de homicidio por la muerte de una mujer en el estado Bolívar, al sur de Venezuela, por ello pasó dos años encarcelado. El abogado formaba parte de la Disip, ahora Sebin. Salió en libertad al recibir beneficios procesales y al reincorporarse a la policía política, se vio envuelto en otro hecho de sangre en 1989, la muerte de un ciudadano en Caracas. Sin embargo, fue sobreseído.

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Tratando de hurgar en el sistema judicial penal venezolano, de esto no hay registro, ni en archivo muerto, sólo quedan algunos testimonios, que callan por vivir.

El ex magistrado Luis Velásquez Alvaray antes de huir del país, cuando se le señalaba por hechos de corrupción, destapó la olla de una tribu judicial llamada la “Banda de los Enanos”, que cobraba o extorsionaba por juicios amañados y “favores”. Velásquez Alvaray lo inmiscuyó en esa organización de jueces y fiscales deshonestos.

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Reporte24.com

La primera vicepresidente del TSJ y presidente de la Sala Electoral Indira María Alfonso Izaguirre, no hizo carrera judicial como lo exige la ley. Siempre trabajó bajo la sombra del chavismo, inclusive cuando laboró para el Senado del desaparecido Congreso de la República bajo la presidencia de Luis Alfonso Dávila, quien apoyó a Hugo Chávez para que este llegara al poder.

La magistrada nacida en el estado Vargas, ingresó al TSJ en 2010 como suplente, desempeñó varios cargos en la Asamblea Nacional (AN) bajo la presidencia de William Lara, hasta llegar a ser su directora general de despacho y el de Francisco Ameliach.

Entre 2006 y 2008, estuvo bajo las órdenes de Nicolás Maduro y Cilia Flores en el parlamento nacional, como directora de secretaría de las comisiones de Defensa y Seguridad y Política Interior.

Magistrados Eméritos la definen de la siguiente manera: “Viene de la Asamblea Nacional. Es del grupo de Cilia Flores. Hace lo que le pidan. No es una abogada de muchas luces”.

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El Mundo

El segundo Vicepresidente del TSJ y presidente de la Sala Constitucional Juan José Mendoza Jover, es un militar retirado de la militancia en el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), llegó al máximo juzgado después de ser inspector de tribunales en 2010.

Bajo esta figura, quiso destituir a la juez María Lourdes Afiuni sin seguir los canales regulares y leales. Fue el juez que emitió la sentencia que dejó a los militares participar en actos políticos. Desde 2014, ha convalidado todas las sentencias de la supersala en menoscabo de la constitución.

También es ficha de la primera dama Cilia Flores y aliado de Nicolás Maduro desde que ocupó una curul en el parlamento representando al estado Trujillo.

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María Carolina Ameliach Villarroel es la presidenta de la Sala Político Administrativa, llegó al Tribunal Supremo de Justicia en 2013 a llenar la vacante de un magistrado jubilado. Es prima del ex gobernador de Carabobo Francisco Ameliach. Se ha convertido en una censora a favor del régimen desde su despacho.

En 2016 desestimó sin complejos la demanda interpuestas por diputados de la Asamblea Nacional, quienes exigían a la sala que se pronunciara sobre la falta de publicación de los indicadores económicos por parte del Banco Central de Venezuela (BCV).

Ese mismo año rechazó la apelación de una decisión emanada de un tribunal contencioso administrativo de Caracas, el cual rechazó una demanda interpuesta por el gremio de periodistas, quienes solicitaban a la fiscalía que expusiera las cifras de agresiones a profesionales de la comunicación social. Ameliach ordenó que no se mostrará, igualmente.

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Por su parte el presidente de la sala de Casación Civil, Yván Darío Bastardo Flores, fue designado magistrado con la camada de jueces conocidos públicamente como “Magistrados Express”, en diciembre de 2015.

Bastardo Flores cumple con dos de los seis requisitos que estipula la constitución y la Ley Orgánica del TSJ, a saber, ejercicio como abogado durante 15 años y la renuncia a cualquier militancia político partidista. Sin embargo, no tiene estudios de postgrado, no ha sido profesor universitario, estuvo inmerso en un proceso disciplinario administrativo por descartar órdenes de la sala constitucional. Tampoco fue juez superior de la especialidad.

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La magistrada Marjorie Calderón Guerrero llegó al TSJ en 2014 y es la presidenta de la Sala de Casación Social. Es abogada egresada de la Universidad Central de Venezuela (UCV), con trayectoria de más de 24 años en el sistema judicial venezolano.

Sin embargo, es y será recordada por ser la juez que ratificó la condena a los comisarios Iván Simonovis, Henry Vivas, Lázaro Forero y los policías metropolitanos a 30 años de prisión por los hechos del 11 de abril de 2002. Colegas que ya no hacen vida en el máximo tribunal la definen como una abogada servil al gobierno.

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El Cooperante

El ex fiscal militar y ex magistrado destituido Eladio Aponte Aponte, en el momento en el que prendió el ventilador de las verdades judiciales, dijo que esa sentencia condenatoria la había escrito él mismo por órdenes del presidente de la República Hugo Chávez. Calderón sólo se limitó a seguir los designios de Miraflores y a leer la sentencia de Aponte Aponte.

De allí en adelante, Maryorie Calderón despegó. En adelante se convirtió en Magistrada de la Corte de Apelaciones del estado Aragua. Luego fue nombrada presidenta del Circuito Judicial de esa entidad y, posteriormente magistrada del TSJ.