“Ajusticiamientos” a manos de la PNB: Barrios son los más vulnerables

La versión oficial, al menos en Venezuela, no siempre es la verdadera. Los cuerpos policiales, específicamente, se han encargado de crearse esta “fama”. Sucede con cada procedimiento “fuera de la ley”, que luego es sacado a la luz por los más afectados.

Daniela Martin/ Venezuela Al Día

Un procedimiento de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en conjunto con efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se llevó a cabo la primera semana de septiembre, dejando un saldo de siete personas fallecidas.

El cuerpo de seguridad ofreció detalles a la prensa sobre los supuestos enfrentamientos contra delincuentes en las zonas de Antímano, El Paraíso, Petare, Cota 905 y Coche. Se trataba de “procedimientos de seguridad”, en los que fueron “ejecutados” siete de los “delincuentes más buscados”.

Algunos familiares que acudieron a la morgue de Bello Monte fueron advertidos de que no se les entregarían los cuerpos hasta dentro de unos días, por encontrarse bajo investigaciones.

Las familias de los hombres asesinados niegan las declaraciones de las fuerzas de seguridad pública y aseguran que los uniformados aplicaron “acribillamientos” contra ciudadanos trabajadores.

Alfredo Parucho Cárdenas, asesinado en las inmediaciones de la plaza Madariaga es uno de estos casos, cuyos familiares alegan que fue atacado por la espalda y luego recibió un segundo disparo en el pecho.

Parucho, acompañaba a su compañero Jonathan Guánchez, quien fue arrodillado por un operativo policial, que lo mató en el lugar. Parucho era ingeniero, trabajó en Corpoelec Guarenas y dejó un niño de 11 años.

Otros hechos similares se dieron en las localidades de Antímano y Petare, donde fueron asesinados cinco sujetos. En Antímano, fueron los hermanos Julio César y Hernán Cataño Cervera, quienes murieron a manos de la Policía Nacional Bolivariana.

De acuerdo a la versión de los allegados, ambos salieron junto a sus parejas y un sobrino de un año. Al cabo de unas horas, fueron avisados que estos habían sido detenidos y luego los dos hermanos, aparecieron muertos en el hospital Miguel Pérez Carreño.

“Nadie sale con su familia a enfrentarse con la policía, a ellos los mataron malamente”, dijo un familiar.

En Petare, fueron asesinados tres sujetos. Uno de ellos, fue identificado como Gregory Herrera Rojas, quien fue ultimado junto a otro hombre en el interior de un hotel invadido en Las Tapias.

Testigos, aseguran que los efectivos policiales subieron a los sujetos a la azotea del hotel y les dispararon. La Policía da otra información e indica que hubo un enfrentamiento en el lugar tras un allanamiento.

En el tercer caso de Petare, el hombre asesinado iba con su esposa y su hijo, menor de edad y fue apartado de ellos, siendo asesinado en el sitio. Sus familiares cuestionan que se diga que era un delincuente y además denuncian que fueron extorsionados en la morgue, para poder retirar el cuerpo.

Son procedimientos irregulares, sin respuestas, como ya se han dado anteriormente en el país. Se trata, usualmente, de ciudadanos de bajos recursos con familias humildes en zonas populares.

“Los ponen como los más buscados, eso es falso. Es lo que quieren decir, para justificar la desgracia que nos causaron”, relata la hermana de una de las víctimas, que prefirió no ser identificada.

Estos hechos, vienen ocurriendo con mayor connotación desde la aplicación de los Operativos para Liberación del Pueblo (OLP), el que en 2015, causó 15 muertes y más de 140 detenciones durante operación en la Cota 905, la cual dejó más preguntas que respuestas.

Desde entonces, han ocurrido situaciones similares, en los que la humildad ha pagado el alto precio de ser igualada con “delincuencia”. Mientras tanto, los dolientes esperan justicia de un Estado, que parece preferir a los altos líderes de bandas criminales de su lado.