Lisbeth Añez: Presa de la intolerancia y por su aporte a los DDHH

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Los últimos años han sido complejos, indignantes y llenos de frustración para los venezolanos, especialmente para aquellos que decidieron involurarse en actividades de defensa de los derechos humanos. Estos derechos, visiblemente violentados por el gobierno fundado por el fallecido Hugo Chávez, han han sido invisibilizados por los más altos funcionarios de la ahora administración de Nicolás Maduro, quienes pretenden ignorarlos mientras atribuyen a sus defensores crímenes que poco tienen que ver con su labor.

Redacción Venezuela al Día

Para Lisbeth Añez la vida se complicó muy rápida e inesperadamente. Desde el 2014, año en el que el país inició una lucha sin retorno para recuperar la democracia, Añez comenzó a dedicarse a colaborar con todos aquellos que, a raíz de participar en las manifestaciones, se convertían en presos de régimen oficialista. Llevaba comida, medicinas y ropa a, específicamente, los presos políticos en distintas cárceles del país. Muchos de sus destinos principales eran El Rodeo, o las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de El Helicoide, en la avenida Victoria, con el único fin de socorrer a todos aquellos que, de la noche a la mañana, se encontraban solos entre las cuatro paredes de una celda.

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Poco sabía Lisbeth que pronto, y por designos injustos y crueles, ese sería su destino también: convertirse en una reclusa más de ese grupo inmenso de personas que su único delito fue, quizás, resistirse a unas autoridades corruptas y violentas. El 12 de mayo de este año, entonces, pasó a ser una “presa de conciencia”, título que se ha buscado el gobierno para tildar de criminales a aquellos que no están de acuerdo con una determinada ideología.

Añez estaba lista para, ese día, abordar un vuelo con destino internacional en el aeropuerto Simón Bolívar, pero lo que no sabía era que bajo su nombre se encontraba escrita una orden de captura por la que funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) la buscaron y, sin más explicación, procedieron a llevársela a El Helicoide, lugar al que ella visitaba con frecuencia, pero nunca bajo esas nuevas circunstancias.

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Fue entonces presentada ante tribunales militares en donde fue acusada de nada menos que rebelión militar y traición a la patria, por lo que se le dictó privativa absoluta de libertad.

Para Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal Venezolano (FPV) y abogado encargado de su defensa, ha establecido que, desde un inicio, el caso se presentó con variadas irregularidades, e incluso indicó que hay pruebas especificadas en las actas que nunca han sido mostradas.

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Romero, quien declaró para El Nacional, explicó que “la decisión que derivó en la orden de captura no está justificada porque carece de elementos de convicción”.

Abuso de poder e incongruencias

El abogado también especificó que los delitos imputados son los más graves del Código Procesal Militar, y que estos fueron dictaminados solo porque su cliente ayudó a personas que se encargaban de organizar las manifestaciones.

Con esto queda claro, pues, que el gobierno tiene un mensaje claro para el pueblo venezolano, pese a su negativa de querer probar lo contrario: no habrá espacio para la libertad de opinión, si esta no tiene que ver estrictamente con la doctrina gastada del socialismo chavista.

La defensa indicó que algunas de las pruebas presentadas no son válidas en tanto que nadie ha podido corroborar que existen, como por ejemplo, unos supuestos audios de Whatsapp. “Para nosotros no existen porque nunca nos los enseñaron”, explicó. Tampoco podían acusarla de llevar armas o objetos peligrosos que pudieran ser parte de una “rebelión” en tanto que “en su maleta llevaba un libro sobre Leopoldo López, otro acerca de Iván Simonovis, un par de cartas dirigidas a la Asamblea Nacional exhortándolos a colaborar con la liberación de presos políticos, así como un par de reconocimientos por su labor como defensora de derechos humanos”.

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También resaltaron una de las medidas más comunes de estos procesos y es que, pasadas 8 horas de que se realizara la audiencia de presentación, Romero denunció que ni el equipo de defensa ni los familiares han podido visitar a Añez para constatar sus condiciones de reclusión ni su estado de salud, ni siquiera para que su hijo, Luis González Añes, pasara con ella el día de las madres proque no lo dejaron pasar. Esto de acuerdo a lo reseñado por El Nacional.

En ese sentido, Luis Almagro, secretario general de la OEA, denunció el caso y aseguró que este es “otra violación a debido proceso y DDHH d dictadura #Vzla”.

 

Con información de: El Nacional